Derecho Concursal

El concurso de acreedores es un procedimiento particularmente complejo. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso un cambio profundo en el tratamiento de la insolvencia en España. Se instauraba el concurso de acreedores como vía principal para resolver las situaciones de insolvencia. Las repercusiones de esta normativa en los distintos ámbitos del Derecho son extraordinarias. Téngase en cuenta que el Derecho concursal se aplica al deudor insolvente, sea o no empresario. Las implicaciones fundamentales se producen en el ámbito del Derecho de la empresa, pero no se agotan aquí. Las respuestas, además, han de producirse en su caso en el marco de un procedimiento específico particularmente complejo, generador de problemas e incertidumbres relevantes. El Derecho concursal y preconcursal está sometido a una tarea de actualización e interpretación permanente. La necesaria contribución al grupo de especialistas de distintas disciplinas es evidente. Y precisamente al objetivo fundamental de buscar soluciones desde una perspectiva multidisciplinar pretende contribuir el grupo de investigación propuesto. El momento vuelve a ser particularmente oportuno por la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Ya en su día la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, autorizó al gobierno para aprobar, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, un texto refundido de la Ley Concursal. Esa autorización no era sólo para refundir, sino que incluía expresamente la facultad de aclarar y de armonizar los textos legales objeto de refundición. Era preciso, en esta línea, seguir atentamente la evolución de la legislación concursal, terreno en el que existían, y existen, otras importantes reformas pendientes (relativas a materias como el estatuto de la administración concursal, la mejora del régimen de la llamada segunda oportunidad, la disciplina de las refinanciaciones, etc.). De momento, sea como fuere, son múltiples las cuestiones renovadas que se plantean: así, por ejemplo, a propósito de los nuevos planes de reestructuración o del procedimiento de insolvencia único para las microempresas; otro tanto sucede, por lo demás, con las modificaciones introducidas en el régimen del procedimiento concursal en sentido estricto o con el perfeccionamiento del mecanismo de segunda oportunidad.